La calidad incluye diferentes requisitos que deben cumplir los solicitantes para acogerse a ella, como demostrar su insolvencia y comportarse de buena fe.

Se refuerza la figura del mediador concursal, que se encarga de intentar alcanzar un acuerdo entre los acreedores y la empresa.

Este mes de septiembre se cumplen dos primaveras de la reforma de la Ralea Concursal, una legislatura que recoge la llamada Condición de Segunda Oportunidad (LSO), que se ha consolidado como un mecanismo esencial para proporcionar alivio financiero a autónomos y consumidores que enfrentan situaciones de insolvencia. En definitiva, la Condición de Segunda Oportunidad es un proceso burócrata que permite a una persona liquidar sus deudas por ley y volver a comenzar de cero, mientras cumpla los requisitos que se exigen, como poder fallar el estado de insolvencia contemporáneo o inminente; no haber sido condenado por delitos económicos; que la deuda no supere los cinco millones de euros y que haya una buena fe del deudor.

Los abogados velan por los intereses de sus clientes y defienden su derecho a una segunda oportunidad financiera.

Esta alternativa implica la cesión de todos los capital y derechos del deudor para exterminar la totalidad de las deudas pendientes.

No realizar actos que puedan perjudicar la cancelación de las deudas, como ocultar fortuna o transferirlos a terceros

Solo en los últimos tres primaveras venimos Abogados Segunda Oportunidad experimentado un aumento considerable de peticiones de personas que piden la cancelación de sus deudas y hemos visto triplicadas las solicitudes

Es necesario que la insolvencia sea flagrante o inminente, lo que significa que no existan alternativas posibles para hacer frente a las deudas.

Que los fondos y derechos del concursado libres de cargas fueran de valor inferior al previsible coste del procedimiento.

Cuando eliges trabajar con nosotros, no solo obtienes un equipo admitido estupendo, sino igualmente un apoyo inquebrantable en tu camino en torno a la libertad financiera.

cabe integrar los arts. 242.1 y 232.3 LC, en relación con el art. 10 LC y, entender que la competencia territorial para conocer el concurso consecutivo de un deudor persona natural no comerciante que se solicite corresponde al Judicatura del domicilio del deudor, menos que se acredite que no coincide con el centro de sus intereses principales, en cuyo caso la competencia corresponderá al enjuiciador donde se encuentre ubicado este centro de los intereses principales del deudor”.

242 LC contempla que el Administrador Concursal no podrá admitir en concepto más retribución de la que hubiere sido fijada en el expediente de mediación extrajudicial.

Esta figura permite anular las deudas pendientes tras la balance del patrimonio del deudor, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

Si el juez revoca el beneficio, los acreedores recuperaran la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos sus créditos no satisfechos a la conclusión del concurso.